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Junio 14, 2016

Innovaciones en el Procedimiento Contencioso Administrativo para Juicios más Expeditos: Notificaciones Electrónicas y Reducción de Plazos

Por: Adriana Morales

Con fecha 13 de junio de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación. El objetivo principal de esta reforma consiste en la consolidación de la garantía de tutela judicial efectiva mediante la implementación de mecanismos y herramientas cuyo fin último es hacer más sencillo y mucho más expedito el juicio contencioso administrativo en beneficio de los particulares y de las autoridades.

Como primer punto, tenemos la notificación electrónica de las actuaciones a las partes en el juicio contencioso administrativo a través del Boletín Jurisdiccional mediante un aviso previo enviado a la cuenta de correo electrónico que señalen las partes en el que deberá indicarse la denominación de la Sala y ponencia del Magistrado que corresponda, el número de expediente, la identificación de las autoridades y en su caso, del particular a notificar así como una síntesis del auto, resolución o sentencia. El Boletín Jurisdiccional podrá consultarse en internet a través de la página electrónica del Tribunal o en los módulos ubicados en la Sala en que estén radicados los juicios. Las partes deberán acudir a la Sala correspondiente a recoger sus traslados.

Es importante destacar que las únicas notificaciones que de ahora en adelante serán realizadas personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, serán las establecidas por el artículo 67 de la Ley ya reformada y que se citan a continuación:

  • La que corra traslado de la demanda en el caso del tercero interesado.
  • El emplazamiento al particular demandado en el juicio de lesividad.
  • La que mande citar al testigo que no pueda ser presentado por la parte oferente.

En segundo término, la reforma establece la reducción de los plazos para cada fase del procedimiento contencioso administrativo en la vía ordinaria. Así tenemos que el plazo para presentar demanda en la vía ordinaria y dar contestación a la misma o apersonarse a juicio, se redujo de 45 a 30 días hábiles; para presentar ampliación a la demanda y contestarla, de 20 a 10 días hábiles; para promover recurso de reclamación de 15 a 10 días hábiles; se elimina el acuerdo de cierre de instrucción, el cual se realizará por ministerio de ley al vencer el plazo para presentar alegatos y se reduce el plazo para la emisión de la sentencia de 60 a 45 días hábiles.

Siguiendo esta línea de simplificación de procesos, se establece la posibilidad de que las personas morales puedan presentar la demanda o cualquier promoción utilizando su firma electrónica avanzada. En adición, se faculta a los magistrados para imponer multas desde 100 a 1500 unidades de medida y actualización en caso de que las partes interpongan promociones, incidentes o recursos que sean notoriamente frívolos e improcedentes; así también podrán multar en caso de que las mismas utilicen lenguaje inapropiado para referirse a sus contrapartes o al personal jurisdiccional.

Finalmente, otros aspectos relevantes de la reforma que vale la pena mencionar son:

  • El Magistrado instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra. También podrá decretar medidas cautelares positivas, entre otros casos, cuando, tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende por el simple transcurso del tiempo.
  • Las medidas cautelares positivas y la suspensión de la ejecución del acto impugnado podrán quedar sin efecto si la contraparte exhibe contragarantía para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte actora.
  • En materia probatoria, el Magistrado Instructor podrá ordenar que se lleve a cabo el desahogo de una junta de peritos, en la cual se planteen aclaraciones en relación a los dictámenes de las partes y del perito tercero en discordia.
  • Debido a la homologación de términos, la interposición del juicio en la vía incorrecta (ordinaria o sumaria) ya no generará el desechamiento, improcedencia o sobreseimiento, sino que el Magistrado Instructor deberá reconducir el juicio en la vía correcta.
  • Se permite al Pleno de la Sala Superior del Tribunal determinar el valor del negocio de los asuntos que deban ser atraídos para su resolución.

Si requiere mayor información sobre el tema, por favor no dude en contactarnos.

 

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